En 2023, a dos panameñas les ofrecieron trabajo en Kosovo. Salieron por Tocumen con todo en regla. Allá les quitaron los documentos y, bajo amenazas contra ellas y sus familias, las explotaron sexualmente.

La mamá de una denunció el caso en Panamá. La alerta permitió rescatarlas.

Luego llegan el control, la deuda y las amenazas.

Ese es el truco: hacer que la víctima parezca culpable de la trampa.

“Pero ella decidió ir”.

Sí. Decidió ir a trabajar.

Hoy, 30 de julio, Día Mundial contra la Trata de Personas, el caso de esas panameñas explica un delito que todavía cuesta reconocer.

En la Operación Libertad, en 2025, una red captaba mujeres colombianas y venezolanas con falsas ofertas. Les pagaba el viaje y después convertía cada gasto en deuda. Luego venían la explotación sexual y las amenazas.

Otras veces, la trata ocurre a plena vista: en una casa, una finca, un restaurante, un comercio o una calle cualquiera. En actividades “normales” y con “visitas”.

En 2022, una denuncia reveló que adultos y niños —ocho menores de 15 años— eran obligados a vender bisutería y entregar 161 dólares al día, sin recibir nada.

Muchos seguramente los vimos vender. Pero caminar por la calle no siempre significa ser libre.

Y en 2025 se investigó la posible explotación laboral de una joven en la comarca Ngäbe-Buglé.

La vulnerabilidad también nace de la pobreza y la falta de empleo. Y en el Panamá rural, denunciar y recibir ayuda cuesta más.

Cambian los lugares y las historias, pero el patrón se repite: oferta falsa, deuda, control y amenazas.

No siempre aparecen los cuatro. Y no todo abuso laboral es trata. La línea se cruza cuando el engaño, el miedo o la necesidad se usan para explotar.

La tecnología también afinó la trampa. La captación ya no empieza solo en la calle, sino en redes sociales, aplicaciones o videojuegos.

El captador busca una necesidad: empleo, plata, afecto, vivienda, papeles o ganas de empezar de nuevo.

Y detrás viene la red.

Ahora, la respuesta del Estado.

Panamá anuncia operativos y rescates. La ruta suena lógica: proteger, investigar, juzgar y reparar.

Pero las cifras están dispersas y las categorías son un guacho. Cuando aparece un caso, el tema se pone de moda por dos días. Después, el expediente pierde el ruido mediático y, puf, se duerme.

En 2024 hubo más investigaciones que el año anterior, pero las víctimas confirmadas cayeron de 20 a cuatro, las atendidas de 22 a 15 y los procesados de tres a uno.

Más investigaciones, pero 80 % menos víctimas reconocidas.

No toda investigación termina en sentencia, claro. Pero ¿qué ocurrió con las demás?

¿Faltaron pruebas, las víctimas desistieron por miedo o los casos fueron archivados?

Alguna respuesta debería existir.

Ese mismo año, 26 personas fueron remitidas a la Comisión Nacional contra la Trata como posibles víctimas.

Solo cuatro fueron confirmadas.

Panamá no solo tiene víctimas esperando justicia. También tiene personas esperando que el Estado decida si acepta que lo son.

Después viene la protección, que tampoco es nuestro fuerte.

Rescatar es apenas el comienzo. Hacen falta techo, documentos, trabajo, seguridad, atención, asesoría y justicia.

Hay comisión, protocolos, reuniones, campañas y cintas azules.

Albergue, no.

En 2024, Panamá destinó 7 mil 300 dólares a comida, alojamiento y necesidades básicas de 15 víctimas. Eso equivale a unos 41 dólares mensuales por persona.

¿Con qué cara decimos que enfrentamos un negocio criminal internacional?

La ayuda migratoria también cayó. En un año, las visas humanitarias bajaron de 14 a cuatro; los permisos de trabajo, de diez a uno; y las repatriaciones, de seis a una. En 2023 también se otorgó una residencia permanente. En 2024, ninguna.

Para una víctima extranjera, esos documentos significan poder trabajar y no volver a depender de quien la explotó.

La comparación regional tampoco deja bien parado a Panamá.

En 2024, Costa Rica confirmó 53 víctimas. Panamá, cuatro.

Y mientras Guatemala investigó a 18 guardias por explotación de mujeres privadas de libertad, aquí no se reportaron casos contra funcionarios.

¿Tenemos menos víctimas o estamos viendo menos?

La trata convierte personas en mercancía.

El Estado no puede reducirlas a cifras. Cuando mucho.

Por: Flor Mizrachi
Periodista

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