En Panamá, el carro cisterna no es “la solución”. Es el negocio que florece cuando el sistema de agua falla. Y lo peor: es un negocio que el Estado aprendió a financiar sin pudor, crisis tras crisis, comunidad tras comunidad, a través de contratos recurrentes.

Aquí, cuando el agua falla, no llega el plan. Llega el camión. Y cuando llega el camión, llega el contrato.

En 2024, el IDAAN tuvo 39 contratos con 14 empresas para suministro de agua en cisternas; el gasto fue de al menos $23.8 millones. Eso no es un “apoyo”; eso es un mercado. Un mercado que solo existe porque el servicio público no cumple lo básico: agua por tubería, sin milagros, sin favores.

Y como todo mercado, se organiza: la empresa Zupri, por ejemplo, concentró una porción grande del pastel (alrededor de $9 millones) y, detrás, hay juntas directivas y vínculos que ameritan más lupa pública que aplausos institucionales.

Además, en el debate público es recurrente el señalamiento de vínculos políticos detrás de varias empresas de cisternas. Más allá de nombres propios, la pregunta es institucional: ¿qué incentivos tiene el Estado para resolver una crisis cuando hay actores con influencia política que ganan con que esa crisis se mantenga?

La fórmula es vieja. Casi elegante, si no fuera tan indecente:

El sistema colapsa (por infraestructura, mantenimiento, planificación… o por todo lo anterior).

La gente protesta.

El Estado “responde” con cisternas. Emparcha.

Se paga la emergencia como si fuera política pública.

Se normaliza la solución provisional.

Y así, el próximo colapso ya viene con proveedor recomendado.

¿Quién pierde?

El ciudadano, que termina viviendo en modo contingencia permanente.

¿Quién gana?

El que vende la contingencia como solución.

Es estructural. Los Censos 2023 retratan la dependencia como una realidad instalada: 21,985 viviendas dependen del abastecimiento por cisterna. Y no es un dato “rural y remoto”: el número está repartido entre urbano y rural, lo cual indica que el problema no es solo geográfico, sino de gestión.

Desde hace décadas tenemos un país con decenas de miles de hogares esperando un camión para algo tan elemental como agua potable. Eso ya no es una “contingencia”. Es un modelo.

La crisis también se administra con deuda. Y cuando el negocio aprieta, el Estado ni siquiera paga a tiempo. El servicio se ha visto interrumpido por una deuda del IDAAN con proveedores que rondaba los $52 millones. Eso significa camiones que no llegan, rutas suspendidas y comunidades —incluidos hospitales y escuelas— esperando agua porque no hubo pago.

Aquí la pregunta no es solo “¿cuánto se paga?”, sino ¿cómo se fiscaliza? El abastecimiento depende de rutas, viajes y volúmenes, y por eso el margen para el desorden —o para el “juega vivo”— es gigantesco. El propio Gobierno ha advertido de posibles fraudes en el reparto por cisternas.

Lo más grave es que ya lo están planificando como política de largo plazo. Si esto fuera realmente una “emergencia”, no se contrataría como si fuera un servicio estable. Pero hay señales claras de lo contrario: el IDAAN proyecta alquilar cisternas por 36 meses, incluso con flotas nuevas (modelos 2026–2027).

Traduzco: la emergencia ya tiene cronograma y especificaciones técnicas.

Y cuando la crisis se agenda a tres años, deja de ser crisis. Pasa a ser negocio asegurado.

Por: Flor Mizrachi
Periodista

Más videos