En Panamá cada provincia tiene un gobernador. No lo elegimos. No presenta plan de gobierno. No debate propuestas. No rinde cuentas en las urnas. Y es la representación directa del Presidente en cada provincia.

La Constitución lo establece: es de libre nombramiento y remoción. Traducido sin formalismos: el Presidente lo nombra y lo puede botar cuando quiera. No hay voto popular. No hay período fijo. No hay control ciudadano directo.

La Ley 2 de 1987 le enumera 33 atribuciones: coordinar y evaluar entidades nacionales en la provincia; velar por el orden público; suspender alcaldes nombrados por el Ejecutivo; visitar cárceles; presentar informes trimestrales; asistir con voz al Consejo Provincial. En el papel, es un cargo relevante. Pero los cargos no viven en el papel: viven en el sistema que los rodea.

La figura del gobernador nació cuando Panamá era profundamente centralista, cuando casi todas las decisiones —presupuesto, ejecución y dirección política— estaban concentradas en la Presidencia. El Ejecutivo necesitaba una extensión territorial. El gobernador era ese brazo: bajaba la línea y coordinaba la presencia del poder central en cada provincia.

Eso tenía sentido entonces. El problema es que el país evolucionó. El cargo no.

Hoy tenemos alcaldes electos, representantes, juntas comunales y un proceso de descentralización que lleva años discutiéndose, incluso con propuestas de reforma constitucional para eliminar la figura. No es una ocurrencia reciente. Es un debate sostenido.

En ese nuevo escenario, la gobernación queda en un limbo funcional.

Porque el gobernador no gobierna municipios.
No ejecuta hospitales ni escuelas.
No maneja presupuesto propio como un alcalde.
No legisla.
No responde ante votantes.

Coordina. Representa. Intermedia. Y su margen depende de una sola variable: la confianza política del Presidente.

Puede limitarse a funciones protocolares —como abrir las balotas de la Lotería, práctica que ni siquiera está en la ley pero que se normalizó— o asumir mayor protagonismo si así lo decide el Ejecutivo.

Es un cargo elástico. Se expande o se contrae según la coyuntura.

También interviene en la coordinación de actividades y permisos públicos. En pandemia, cuando playas abrían y cerraban y los eventos dependían de avales, la figura ganó visibilidad. No porque la norma cambiara, sino porque el contexto le dio espacio.

Es decir: parte de su poder no está estrictamente delimitado en la ley, sino que se construye en la práctica.

Y eso cuesta.

Los salarios base de los 13 gobernadores superan los 600 mil dólares anuales en conjunto. A eso se suman representación y estructura de apoyo. No es la línea más pesada del presupuesto. Pero tampoco es simbólica.

Y aquí entra el patrón político.

Durante el gobierno de Nito Cortizo, las gobernaciones estuvieron en su mayoría en manos del oficialismo. Varias fueron ocupadas por figuras vinculadas al PRD, incluyendo excandidatos derrotados. En la provincia de Panamá hubo tres designaciones en pocos años, producto de decisiones presidenciales. No hubo informes públicos de desempeño que explicaran esos cambios. La movilidad respondió a la discrecionalidad del Ejecutivo.

En Guna Yala, el gobernador fue detenido con 79 paquetes de droga en un vehículo oficial y condenado. En Coclé, otro creó por resolución propia una orden honorífica sin competencia legal y se autoproclamó “Gran maestre”.

No son historias aisladas. Son señales de cómo un cargo con recursos públicos y amplio margen de discrecionalidad, pero sin control electoral directo, puede convertirse en terreno fértil para excesos o simples acomodos.

La trayectoria de Mayín Correa —designada gobernadora en distintas administraciones— refleja otro rasgo estructural: la gobernación ha funcionado como un espacio de confianza presidencial.

Y cuando Judy Meana ocupó la Gobernación de Panamá, quedó expuesta la tensión entre una autoridad designada y otra electa por voto popular.

Hoy, bajo el gobierno de José Raúl Mulino, el debate sobre el uso y control de fondos en estructuras territoriales volvió a la conversación pública. Ese contexto reabre la pregunta de fondo: ¿qué controles reales existen sobre quienes representan al Ejecutivo en las provincias?

El problema no es solo cuánto cuesta la estructura. Es cómo distribuye —o diluye— responsabilidades.

Cuando un proyecto se paraliza, cuando hay crisis institucional, cuando hay conflicto entre autoridades locales y nacionales, ¿quién responde? ¿El alcalde? ¿El ministerio? ¿El gobernador? La figura existe en esa zona donde la rendición de cuentas no es evidente.

Y las zonas grises en democracia son peligrosas. Mantener una figura cuyo alcance depende más de la confianza política que de indicadores verificables no es un detalle administrativo. Es una decisión institucional.

La discusión no es ideológica. Es de diseño.

O el cargo se redefine con funciones estrictas, límites claros y evaluación coherente con la descentralización, o se elimina.

Ningún cargo debería existir solo porque “siempre ha existido”. Si no sabemos qué produce, cuánto aporta y cómo se evalúa, no es un problema de comunicación.

Es un problema de diseño.

Y se paga caro.

Por: Flor Mizrachi
Periodista

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