La fuga de La Joyita vuelve a mostrar la fragilidad institucional del país. El Estado perdió el control y la cuenta.

Todo empezó, según la versión oficial, como un operativo de clasificación y reubicación. Después vino el motín, el desorden, los muertos, heridos y una comunicación pública que arrancó hablando de 14 evadidos y terminó reconociendo 195. Una diferencia pequeña, apenas 181 personas… La Joyita tiene como 4,900 privados de libertad: se fugó uno de cada 25. Bastante más que “unos cuantos”. Y “no fue masiva”, nos dice el director de la Policía. Explíquenme eso. Y más de 100 fueron recapturados, pero todavía quedan decenas en la calle. El operativo era para reubicar privados de libertad. Reubicó el problema, pero en la calle.

En una crisis así, comunicar rápido no procede si la información no es precisa. Aquí no pudieron decir ni cerca cuántos se habían fugado. Y si el Estado no sabía cuántos se le fueron, cuesta creer que supiera cómo se fueron. El comunicado salió antes que la información. Y se notó.

Panamá tiene leyes para su sistema penitenciario: la Constitución, Ley 55, carrera penitenciaria, reglamentos, protocolos, programas y discursos. Leyes hay. Control, no.

El artículo 28 de la Constitución habla de seguridad, rehabilitación y reinserción a la sociedad. Rehabilitar y reinsertar siguen siendo deudas enormes. Pero, oye, empecemos por lo básico: que no se escapen.

La seguridad penitenciaria empieza antes de la fuga: infraestructura, personal, inteligencia y controles. Una cárcel no puede funcionar como depósito humano ni como territorio donde el Estado entra por ratos y los grupos criminales administran el resto. Si el Estado no gobierna la cárcel, alguien más la gobierna.

La discusión no puede quedarse en cuántos recapturaron. Había que saber quiénes faltaban, publicar fotos, nombres y datos. La evasión tiene consecuencias penales. Y mientras haya evadidos en la calle, nadie sabe si están escondidos a una cuadra o participando en algo más grande.

¿Cómo se fugan 195 personas? La cárcel no se abrió sola. ¿Quién abrió? ¿Quién permitió? ¿Quién prefirió no ver? ¿De dónde salió ese alicate gigante para cortar rejas? ¿Dónde estaban la seguridad periférica y la inteligencia penitenciaria? ¿Quién va a responder?

Y después de todo, hasta señalaron como prófugo a alguien que seguía detenido. ¿Ni en un momento así se cruza información? Una fuga de 195 no cabe en “descuido”. Aquí hay negligencia, corrupción, complicidad o las tres.

Y la forma en que la ministra les habló a los recapturados también desenfoca la discusión.

Cual pelaitos de escuela. Esto no es acerca de ella. Un privado de libertad piensa en su libertad, en su grupo, en su jefe, en la próxima oportunidad. No en los sentimientos de la ministra.

En la calle mandan estructuras criminales y dentro de las cárceles, demasiadas veces, también. Cuando los grupos se organizan mejor que el Estado, el Estado deja de gobernar. El llamado “autogobierno” es, en la práctica, una renuncia a ejercer autoridad.

Salvo honrosas excepciones, cada gobierno llega diciendo que ahora sí va a ordenar el sistema. Pero las cárceles no se arreglan reinventando todo cada cinco años. La formación penitenciaria, el trabajo, la educación y la resocialización necesitan continuidad, presupuesto, evaluación y personal suficiente, formado y supervisado. Sin eso no hay seguridad, inteligencia ni rehabilitación posible.

También hay que revisar, pero esta vez de verdad, el rol de la Policía dentro de las cárceles. La Policía puede apoyar en seguridad perimetral y emergencias, pero el manejo diario de un penal exige otra lógica: control, pero también prevención. No presencia policial permanente como parche para todo. Y, claro, hay que investigar la posible mezcla de complicidades: custodios, funcionarios penitenciarios, policías, operadores externos o quien sea.

Una cárcel tampoco se arregla con traslados. Mover presos no es mover sillas. Mover o dividir grupos sin inteligencia, prevención y control puede provocar lo que ya vimos.

Estamos hablando de estructuras que mandan, cobran, ordenan, castigan y se comunican.

Aquí se le han metido millones, muchos millones, a rehabilitaciones, consultorías, ampliaciones y reparaciones en La Joya y La Joyita. Solo La Nueva Joya costó más de 158 millones de dólares. Millones en cemento, porque el hueco sigue siendo institucional.

Ahora toca recapturar a los evadidos, identificar oficialmente a los muertos, explicar qué pasó, establecer responsabilidades y publicar la información necesaria para proteger a la ciudadanía. Y justo cuando dejemos de hablar del tema es cuando más habría que preguntarse, como ciudadanos maduros, quién controla realmente las cárceles y por qué cada gobierno vuelve a empezar de cero en vez de fortalecer lo que ya existe. Eso se traduce en seguridad, o inseguridad, para todos.

Que Panamá no está en los peores niveles penitenciarios de la región es un consuelo mediocre. Porque 195 personas se escapan de una cárcel y eso, en cualquier país serio, sacude al Estado completo. Aquí todavía estamos esperando una explicación que no recibiremos. Pero… normal.

Por: Flor Mizrachi
Periodista

Más videos