La historia del cannabis medicinal refleja al país: se legisla para la foto, se promete salud pública y luego se profundiza el vacío. En 2017, el diputado Pepe Castillo presentó el primer proyecto; buenas intenciones, poca estructura. En 2018 surgió otro, el 149, que tampoco prosperó, pero marcó un cambio: los pacientes comenzaron a organizarse y a hablar públicamente de su uso. En un país que aún los trata como criminales, eso fue un acto de valentía.
La casa de Noriega pudo ser una oportunidad para contar cómo el dictador se entregó en 1990 en la Nunciatura Apostólica, cómo fue extraditado, juzgado, condenado; cómo su régimen marcó la vida de miles de panameños.
El gobierno volvió a taparse los oídos y abrió la licitación para gastar 230 millones en laptops y licencias Microsoft. Y digo taparse, porque Lucy ya había intentado esa compra con un convenio chueco que el contralor no refrendó. Ahora lo venden como licitación, pero seguimos sin ver el estudio que pruebe que esto mejora la educación.
En Panamá recortan ciencia y educación, se hacen los locos con universidades que convirtieron en botines, construyen pabellones de tenis en villas presidenciales, y levantan hospitales de mascotas mientras la gente no tiene hospitales decentes. La falta de prioridades no es un chiste: es un insulto.
