Decir que “se están matando entre ellos” es una forma rápida de explicar la violencia. Y una forma cómoda de no mirarla completa.

Panamá cerró abril con 193 homicidios en 2026: 42 en enero, 36 en febrero, 53 en marzo y 62 en abril. Abril fue, hasta ese momento, el mes más violento. Frente al mismo período de 2025, los homicidios subieron un 7%.

Para el 13 de mayo ya había 214 víctimas a nivel nacional. Mayo acumulaba al menos 21 homicidios en sus primeros 13 días.

No es percepción. Ni ansiedad colectiva. Los números son reales y sí hay más muertos.

La explicación oficial apunta a pandillas, narcotráfico, tumbes y otras actividades criminales. Y puede ser. Según las autoridades, más del 76% de los homicidios está vinculado a bandas y grupos delincuenciales.

Pero aunque todos los muertos fueran miembros de bandas —y no lo son— el problema seguiría siendo de todos. Una bala no distingue entre objetivo y testigo. No sabe si quien está al lado es estudiante, médico, paciente, conductor, pasajero o vecino. El sicario puede ir por una persona; el riesgo lo corre cualquiera que esté cerca.

Y ya está pasando.

Un joven de 14 años, estudiante del Abel Bravo, fue asesinado en Colón. Era deportista y disciplinado. En la Domingo Díaz, un ataque armado dejó muertos a un conductor de plataforma y a su pasajero. El blanco era el pasajero, pero murieron ambos.

Esa es la violencia real: puede tener un objetivo, pero no tiene límites.

En San Miguelito, el Centro de Salud Amelia Denis de Icaza tuvo que reducir su horario. Antes atendía hasta las 11:00 de la noche; ahora cierra a las 8:00 p.m. Médicos, enfermeras y pacientes han tenido que resguardarse.

Eso cambia la conversación.

Cuando un centro de salud cierra por miedo, el sistema realmente fracasó. Ya no estamos hablando solo de pandillas. Estamos hablando de pacientes sin atención, personal médico expuesto y comunidades que pierden servicios básicos que ya eran precarios.

Lo mismo ocurre con la economía diaria. El restaurante que cierra temprano, el minisúper que baja la reja, el conductor que cambia de ruta, la familia que deja de salir o el empresario que calcula si abrir vale el riesgo no aparecen en la estadística de homicidios. Pero ahí también se mide la inseguridad.

La violencia no se queda donde ocurre. Se expande. Golpea la reputación del país, el turismo, la inversión y la vida de quienes dependen de abrir, vender, cocinar, manejar, atender, cobrar y regresar vivos a sus casas.

Por eso decir que es “entre ellos” es una justificación barata.

No porque no existan pandillas. No porque todas las víctimas sean inocentes. Sino porque cuando el Estado pierde territorio, lo pierde para todos: en la calle por donde ya no se camina tranquilo, en el centro de salud que cierra antes, en la escuela que enseña rutas de cuidado antes que confianza.

Si aceptamos que “son ellos”, después aceptaremos calles por donde no se pasa, horarios en los que no se sale, barrios que no se visitan y servicios que no pueden funcionar. Así se instala un toque de queda sin decreto: no lo firma el Estado, lo impone el miedo.

La obligación del Estado no es proteger solo a los inocentes que puedan demostrarlo. Es defender la vida, honra y bienes de todos los habitantes.

El Gobierno puede hablar de tumbes, retaliaciones, droga falsa, puertos contaminados, sicariato y pandillas fragmentadas. Todo eso puede ser cierto. Pero, de nuevo, no basta.

Explicar no es controlar. Controlar es cuidar.

Y si después de cada operativo vienen más muertos, después de cada captura hay más balas y después de cada discurso hay más barrios encerrados, la pregunta surge sola: ¿hay estrategia o solo diagnóstico?

Panamá no puede acostumbrarse a contar muertos como daños colaterales de una guerra ajena. No hay guerra ajena cuando la bala pasa por la calle de todos.

Decir “son entre ellos” no es una explicación. Es una rendición mediocre.

Por: Flor Mizrachi
Periodista

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